En el marco de un proyecto nacional,
popular e inclusivo, el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales
es materia sustantiva e indivisible de la construcción de una democracia plena.
Concebir a los Derechos Humanos como una Política de Estado, y no como una
serie de políticas disociadas y oportunistas, implica construir ejes que
articulen todas las áreas estatales, mediante una participación activa en el
diálogo con la sociedad civil y la mediación para la búsqueda de soluciones a
distintas problemáticas sociales.
Desde esta premisa, ya desde el gobierno del compañero Néstor Kirchner se le otorgó un carácter nodal a las políticas públicas y a la acción de la sociedad civil en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, ahora profundizadas durante la gestión de la compañera presidenta Cristina.
Las políticas públicas en Derechos Humanos comprenden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva. La transversalidad de estos derechos hacen que todas las áreas del Estado, en su propia acción, estén poniendo en práctica los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, declaraciones y los principios que constituyen la base del Estado de Derecho. El acceso a la educación, la vivienda, el trabajo digno, el salario justo, la protección de la salud, la protección previsional, son ejes irrenunciables de estas políticas.
Las demandas sociales surgidas durante la crisis de 2001 exigían grandes transformaciones de las instituciones y las prácticas políticas. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que el Estado se percibiera no como garantía de los derechos, sino como una amenaza a las libertades fundamentales.
Es por ello que, se planteó un abordaje de la problemática de los Derechos Humanos enfocado en cuestiones de importancia estratégica para la gobernabilidad democrática que recuperara los fundamentos éticos del Estado y que fuera capaz de erradicar la impunidad y sus efectos perversos.
Fue así que el gobierno nacional decidió convertir en Políticas de Estado las reivindicaciones de los Organismos de Derechos Humanos, sabiendo que el país no podía avanzar como Nación sin responder a la demanda de Memoria, Verdad y Justicia, con relación a los crímenes de lesa humanidad acometidos por la dictadura cívico- militar que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976.
El Terrorismo de Estado no sólo se limitó a la desaparición, asesinato y exilio de miles de personas, sino que implicó también la suspensión de toda actividad política y sindical, la disolución de los partidos políticos y del Congreso Nacional, la intervención de los sindicatos y la prohibición del derecho a huelga. En la raíz del accionar de la dictadura estaba el control y la sumisión del conjunto social para imponer a rajatabla las políticas del neo-liberalismo salvaje.
La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad.
La reapertura de los procesos judiciales sobre violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, posibilitado por la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, resulta sin duda el hecho más significativo y fundamental. Junto a estos juicios se desarrollaron un conjunto de acciones vinculadas, la preservación de la memoria y la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido durante la última dictadura militar. Ejemplos de ello son la creación del Archivo Nacional dela Memoria ; o la creación del
Espacio para la Memoria
y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en el predio de la ex
ESMA, entre otros.
La otra gran vertiente de la problemática de los Derechos Humanos es la vulneración de derechos fundamentales producto de la exclusión social. Las políticas instrumentadas durante la década del ‘90, con el consecuente desmantelamiento de la protección social, el aumento de la desocupación y la precarización de las relaciones laborales, arrojaron a vastos sectores asalariados a la pobreza y la marginalidad. Por un lado, este proceso dificultó el ejercicio de los derechos civiles y políticos .
Por otro, ese estado de cosas trajo consigo el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales. La acción del gobierno nacional priorizó fuertemente a partir del año 2003 la inclusión social, e impulsó reformas políticas que se fundan en la redistribución del ingreso y la restauración de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del niño, de grupos en situación de vulnerabilidad, los derechos de la mujer, los derechos de incidencia colectiva y los derechos comunitarios de los pueblos indígenas, entre otros.
Dichas políticas públicas obedecen a principios básicos que el Estado regula y transmite, convirtiéndose en cursos de acción. Sin embargo, no son simplemente una
agenda de gestión. Ellas deben responder a principios irrenunciables del Estado que no tienen que estar sometidos a discusiones sobre su existencia u obligación.
Defender los Derechos Humanos es construir ciudadanía, pero también garantizar una vida digna al conjunto de la población.
El impulso de estas acciones procura seguir construyendo una democracia social que se sustente en la promoción y protección de los Derechos Humanos, garantizando la calidad de vida de la población en el marco de una Nación más justa, equitativa e igualitaria que priorice aquellos derechos que son los derechos de todos.
Desde esta premisa, ya desde el gobierno del compañero Néstor Kirchner se le otorgó un carácter nodal a las políticas públicas y a la acción de la sociedad civil en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, ahora profundizadas durante la gestión de la compañera presidenta Cristina.
Las políticas públicas en Derechos Humanos comprenden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva. La transversalidad de estos derechos hacen que todas las áreas del Estado, en su propia acción, estén poniendo en práctica los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, declaraciones y los principios que constituyen la base del Estado de Derecho. El acceso a la educación, la vivienda, el trabajo digno, el salario justo, la protección de la salud, la protección previsional, son ejes irrenunciables de estas políticas.
Las demandas sociales surgidas durante la crisis de 2001 exigían grandes transformaciones de las instituciones y las prácticas políticas. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que el Estado se percibiera no como garantía de los derechos, sino como una amenaza a las libertades fundamentales.
Es por ello que, se planteó un abordaje de la problemática de los Derechos Humanos enfocado en cuestiones de importancia estratégica para la gobernabilidad democrática que recuperara los fundamentos éticos del Estado y que fuera capaz de erradicar la impunidad y sus efectos perversos.
Fue así que el gobierno nacional decidió convertir en Políticas de Estado las reivindicaciones de los Organismos de Derechos Humanos, sabiendo que el país no podía avanzar como Nación sin responder a la demanda de Memoria, Verdad y Justicia, con relación a los crímenes de lesa humanidad acometidos por la dictadura cívico- militar que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976.
El Terrorismo de Estado no sólo se limitó a la desaparición, asesinato y exilio de miles de personas, sino que implicó también la suspensión de toda actividad política y sindical, la disolución de los partidos políticos y del Congreso Nacional, la intervención de los sindicatos y la prohibición del derecho a huelga. En la raíz del accionar de la dictadura estaba el control y la sumisión del conjunto social para imponer a rajatabla las políticas del neo-liberalismo salvaje.
La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad.
La reapertura de los procesos judiciales sobre violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, posibilitado por la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, resulta sin duda el hecho más significativo y fundamental. Junto a estos juicios se desarrollaron un conjunto de acciones vinculadas, la preservación de la memoria y la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido durante la última dictadura militar. Ejemplos de ello son la creación del Archivo Nacional de
La otra gran vertiente de la problemática de los Derechos Humanos es la vulneración de derechos fundamentales producto de la exclusión social. Las políticas instrumentadas durante la década del ‘90, con el consecuente desmantelamiento de la protección social, el aumento de la desocupación y la precarización de las relaciones laborales, arrojaron a vastos sectores asalariados a la pobreza y la marginalidad. Por un lado, este proceso dificultó el ejercicio de los derechos civiles y políticos .
Por otro, ese estado de cosas trajo consigo el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales. La acción del gobierno nacional priorizó fuertemente a partir del año 2003 la inclusión social, e impulsó reformas políticas que se fundan en la redistribución del ingreso y la restauración de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del niño, de grupos en situación de vulnerabilidad, los derechos de la mujer, los derechos de incidencia colectiva y los derechos comunitarios de los pueblos indígenas, entre otros.
Dichas políticas públicas obedecen a principios básicos que el Estado regula y transmite, convirtiéndose en cursos de acción. Sin embargo, no son simplemente una
agenda de gestión. Ellas deben responder a principios irrenunciables del Estado que no tienen que estar sometidos a discusiones sobre su existencia u obligación.
Defender los Derechos Humanos es construir ciudadanía, pero también garantizar una vida digna al conjunto de la población.
El impulso de estas acciones procura seguir construyendo una democracia social que se sustente en la promoción y protección de los Derechos Humanos, garantizando la calidad de vida de la población en el marco de una Nación más justa, equitativa e igualitaria que priorice aquellos derechos que son los derechos de todos.
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